VIOLENCIA VICARIA: UN GOLPE IRREVERSIBLE CONTRA LAS MUJERES.

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El pasado domingo 3 de Abril, un niño de la localidad valenciana de Sueca cumplía once años.

Ese mismo día su padre lo asesinaba asestándole dos puñaladas en el cuello.

Unos días antes en la estación intermodal de Palma de Mallorca se exponía una viñeta que representaba la imagen de un juez que recriminaba la ausencia de malos tratos por parte de su marido a una mujer porque ella aún permanecía viva.

El Consejo General del Poder Judicial reprochaba a las instituciones que financiaban dicho señalamiento por ser injusto para los jueces.

El cartel era retirado.

No voy a describir el profundo desasosiego y malestar que la muerte del menor de Sueca me ha producido.

Si quiero manifestar mi sincera cercanía, cariño y respeto a su madre, condenada a vivir enterrada en vida desde entonces.

Su hijo es la primera víctima de violencia vicaria en nuestro país en lo que va de año 2022.

Desde 2013, momento en el que se contabilizan, 47 menores han sido asesinados por sus progenitores. En la mayoría de los casos, los parricidas son varones.

En Abril de 2003, Ángela de siete años era disparada por su padre que se suicidaba posteriormente para no tener que pedir perdón ni expiar su culpa penal, la moral nunca existió.

Es por este caso, que el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer, amonestó a España en 2014 por no proteger a una víctima de violencia de género y su hija.

Antes y después otros despiadados parricidios se han perpetrado por parte de monstruos que decían llamarse sus padres.

Ruth y José, los hijos de Ruth asesinados, descuartizados y enterrados por su padre José Bretón, en 2011, Córdoba.

Nerea y Martina de dos y seis años, hijas de Itziar, asesinadas en Castellón en el año 2018 a manos se su padre José Carrascosa que decidió tirarse por la ventana tras los hechos autoexonerándose nuevamente.

El Ministerio de la Presidencia reconoció entonces que ni el Ministerio del Interior y ni el Ministerio de Justicia habían protegido a las víctimas.

Olivia y Ana asesinadas en Tenerife en 2021 y enterradas en el mar con alevosía por Tomas Gimeno que castigaba así a su madre por tener una nueva relación amorosa.

Leo, asesinado por su padre Martín Ezequiel en el mismo hotel donde años antes había contraído matrimonio con la madre de la víctima a la que dejó el siguiente macabro y escalofriante mensaje: “Te dejó en el hotel lo que te mereces”.

Estos son algunos de los casos más mediáticos que se acuñan con seguridad en nuestra memoria. Pero son muchos más los existentes y los no contabilizados.

 

Todos estos datos se reflejan en el detallado y riguroso informe “Violencia Vicaria, un golpe irreversible contra las madres” elaborado por Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial experta en victimología y violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos desde hace más de treinta años, en el que además se analiza el perfil de quién ejerce este tipo de violencia a través del registro y análisis de 400 sentencia judiciales relacionadas con la violencia hacia mujeres y menores.

La intencionalidad de la violencia vicaria es clara: Hacer daño a las mujeres. Provocar un dolor imposible de resarcir. Es sin duda el exponente más cruel de la violencia machista.

Además de la desolación que me embarga por este caso, un tsunami de rabia e impotencia arrasa mi interior y es el que me motiva para vomitar mi indignación en estas líneas.

 

Transcurridos dos días del brutal asesinato abro la prensa y para mi sorpresa, leo estupefacta que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana hace responsables a los progenitores y a sus representantes legales por no poner en conocimiento del juzgado de Familia de la existencia de un procedimiento penal previo en el que se había ratificado y condenado al parricida como autor de malos tratos hacia su exmujer, madre de la víctima.

A pesar de que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell ha reconocido que han existido “defectos de coordinación entre juzgados” y de que la Ministra de Igualdad, Irene Montero ha declarado que “esto no puede volver a pasar” no es suficiente.

Puesto que según la reforma del Código Penal efectuada en Junio de 2021, tras una sentencia firme, un maltratador no puede ver a sus hijos, me atrevo a decir que la madre del menor de Sueca ha sufrido violencia machista, violencia vicaria y violencia institucional.

Una violencia institucional que se traduce en fallos del sistema. Fallos del engranaje estatal que tiene la obligación y responsabilidad de proteger a sus ciudadanos.

No soy jurista, pero en este caso, el incumplimiento de la ley es claro y contundente. No hay margen para la interpretación en este caso. Son matemáticas puras. Es ciencia exacta. Y quién ha incumplido la ley es el propio sistema judicial.

A pesar de lo cual, hace unas semanas podíamos leer en El Periódico que más de 800 maltratadores reciben visitas de sus hijos a pesar de que la ley no lo permite y la Fiscalía se comprometía entonces a enmendar estos errores.

¿Cuándo?

¿Cuántos asesinatos más hacen falta?

¿Por qué un trámite que debería ser automático por imperativo legal provoca aún irreparables daños personales?

La madre del niño de Sueca ha sido rota de por vida, pero además ha sido vapuleada y escupida por la autoridad judicial que la señala como responsable de un error que no es de su autoría, autoexculpándose así de una falta de comunicación entre juzgados que le ha costado la vida a un niño de once años.

Nuestros jueces se escandalizan por un cartel expuesto en una estación de autobuses que retrata la justicia patriarcal a la que nos tienen acostumbrados y que les define no solo como juristas si no como seres humanos de una cuestionable calidad, cuando deberían actuar de manera contundente ante estos errores que con mucha frecuencia se producen en nuestro putrefacto sistema judicial.

Demencial.

 

Ada Fuentes.

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